Tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado que el principio de presunción de inocencia es una presunción iuris tantus, lo que equivale a decir
que es una presunción que admite prueba en contrario; por vía de consecuencia, se infringe la presunción de inocencia cuando se condena a un
imputado sin existir prueba de cargo. La presunción de inocencia es un postulado del ordenamiento jurídico que impone como obligación la práctica
del debido proceso constitucional y de los procedimientos constitucionales para desvirtuar su alcance.
La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, en virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y
por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio
de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la
convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo
con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro
reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado.
(Corte Constitucional de Colombia, C-774/01 (25 de julio de 2001).
El artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez (10) de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho (1948), y de la cual somos signatarios, establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el dieciséis (16) de
diciembre de mil novecientos sesenta y seis (1966), establece en su artículo
14.2 que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
qq) En ese sentido, este tribunal ha fijado el criterio en la Sentencia
TC/0010/12, de fecha dos (2) de mayo de dos mil doce (2012) (p. 13), en lo
relativo a la presunción de inocencia y del debido proceso, al reconocer que la revocación de la licencia fue injustificada por desconocer estos derechos, ante la no existencia de una sentencia con carácter firme e irrevocable que declarara culpable al justiciable.
rr) De lo antes expuesto, el Tribunal Constitucional considera que la referida revocación de porte y tenencia de arma de fuego contenida en la
Comunicación núm. 002886, de fecha treinta (30) de marzo dos mil once (2011), suscrita por el Ministerio de Interior y Policía, desconoce el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7990/tc-0296_14.pdf
El artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez (10) de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho (1948), y de la cual somos signatarios, establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el dieciséis (16) de
diciembre de mil novecientos sesenta y seis (1966), establece en su artículo
14.2 que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
qq) En ese sentido, este tribunal ha fijado el criterio en la Sentencia
TC/0010/12, de fecha dos (2) de mayo de dos mil doce (2012) (p. 13), en lo
relativo a la presunción de inocencia y del debido proceso, al reconocer que la revocación de la licencia fue injustificada por desconocer estos derechos, ante la no existencia de una sentencia con carácter firme e irrevocable que declarara culpable al justiciable.
rr) De lo antes expuesto, el Tribunal Constitucional considera que la referida revocación de porte y tenencia de arma de fuego contenida en la
Comunicación núm. 002886, de fecha treinta (30) de marzo dos mil once (2011), suscrita por el Ministerio de Interior y Policía, desconoce el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7990/tc-0296_14.pdf
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