El artículo 221 condiciona la responsabilidad penal a que el menor carezca de la “debida autorización”, pero no establece cuándo dicha autorización es necesaria ni los criterios para determinarlo. Si estos elementos tampoco están claramente delimitados por otra norma, el tipo penal podría generar un problema de taxatividad y seguridad jurídica, pues no permitiría conocer de manera cierta y previa cuándo una operación comercial con un menor pasa de ser lícita a constituir una infracción penal.