comisión por omisión

 La omisión impropia o comisión por omisión, no es un tipo legal específico (pues no se hallan específicamente tipificados), sino que es una posible modalidad de comisión de algunos delitos de resultado; por lo que el rasgo más característico de esta clase de delitos es que en los mismos no existe un deber estrictamente penal y genérico que obligue a toda persona a actuar ante una situación determinada, sino que existe una posición de garante por la que el sujeto debe proteger un determinado bien jurídico, puesto que el no hacerlo equivaldría a la acción lesiva de tal bien.

La omisión puede ser definida como la vertiente negativa del comportamiento, es decir, como un no hacer jurídicamente desaprobado. La inacción, cuando estaba obligado a actuar en defensa de un bien jurídico, equivale a la realización de un acto positivo, pues una hipotética acción esperada por la norma no hubiera sido causa para la no producción del resultado. No se puede olvidar que la comisión por omisión se imputa un resultado lesivo a una persona por no haber impedido una conducta cuando habría ese deber. Esta equivalencia que tiene carácter esencial para la configuración de un delito impropio de omisión se debe apreciar cuando la omisión se corresponde valorativamente con el hecho positivo y posee un sentido social equivalente a la comisión activa del tipo (STS 305/2017, de 27 abril).

La estructura del tipo de omisión pura o propia, a la vista de la descripción de esta clase de delitos, está constituida por los tres elementos propios del delito de omisión propia: la situación típica, la inejecución de la acción esperada y la capacidad de ejecutar la acción. No obstante, a tales elementos han de añadirse otros tres, pues sin ellos no se podrá imputar objetivamente el hecho a la conducta omisiva; estos elementos adicionales son: la posición de garante, la producción de un resultado y la posibilidad de evitarlo.

• La situación típica: consiste en la producción de una lesión o la puesta en peligro de un determinado bien jurídico protegido por el ordenamiento.                                     
• La inejecución de la acción esperada: el sujeto obligado a actuar, deja de hacerlo de forma voluntaria.     

                                                                        

• La capacidad de ejecutar la acción: desde el punto de vista psicofísico, el sujeto obligado incurriría en omisión en caso de que concurran las siguientes circunstancias: que el mismo conozca la situación típica, que conozca su propia capacidad de ejecución de la acción omitida y que exista la posibilidad material de realizar la acción impuesta por la norma.       

                                                                                                                                    

• La posición de garante: se define genéricamente por la relación existente entre un sujeto y un bien jurídico, en virtud de la cual aquél se hace responsable de la indemnidad de éste. De tal relación surge para el sujeto, por ello, un deber jurídico específico de impedir el resultado que la dañe, de ahí que su no evitación por el garante sería equiparable a su realización mediante una conducta activa (STS 758/2018, de 9 de abril; STS 482/2017, de 28 de junio). Dicha posición es necesaria para que la no evitación de un resultado lesivo pueda equipararse a su propia causación positiva y castigarlo según lo establecido por las normas. Tal posición surge fundamentalmente de dos tipos de situaciones diferentes, en las cuales el sujeto es garante de la indemnidad del bien jurídico protegido:
  1. Si el sujeto tiene una específica función de protección del bien jurídico afectado, como en los casos en los que existe una estrecha vinculación familiar, de amistad, social o una conducta voluntaria, que hacen que un determinado sujeto sea responsable de la incolumidad de un bien jurídico concreto.
  2. Si el mismo tiene una función personal de controlar una fuente de peligro. Son supuestos en los cuales existe tal fuente de peligro, aquellas situaciones en las que varias personas participan voluntariamente en la ejecución de una actividad peligrosa. Así, el monitor de un equipo de alpinistas (y los demás compañeros) han de socorrer a quien sufra un riesgo típico relacionado con la actividad compartida. También surge la posición de garante en los casos en los que es el propio sujeto el que ha creado una situación de peligro o si se le ha atribuido su vigilancia.     

Supuestos concretos Padres e hijos: La posición de garante existe entre padres e hijos (STS 305/2017, de 27 de abril; STS 17/2017, de 20 de enero). El Código Civil impone a los padres el velar por los hijos menores-artículo 154.1 -y permite a los progenitores recabar incluso el auxilio de la autoridad, en su caso, para dicho cumplimiento. Por tal concepto debe entenderse el de cuidar solícitamente a los hijos invitándoles cualquier mal o perjuicio y entre ellos y como más graves las posibles agresiones sexuales o maltratos que puedan sufrir por actuaciones desalmadas de terceros, cuando el sujeto de la infracción no evita, pudiendo hacerlo, que otra persona cometa un delito, existe participación por omisión, al estar el omitente en posición de garante (STS 305/2017, de 27 de abril).                                                                                                                                                                       Mera presencia en el lugar de los hechos: la mera presencia del acusado en el lugar de los hechos no supone un incremento del riesgo, una posición de garante, por vía de la injerencia, que le obliga a intervenir e impedir que el resultado se produzca, y la aplicación del artículo 11 cuando se desconoce cual fuera su posición en los hechos y en que pudo consistir el comportamiento esperado para impedir el resultado (STS 682/2017, de 18 de octubre).                                                                                                                                                                                                                    Administrador o representante de la sociedad: a parte de ocupar el cargo de la sociedad vinculada al hecho, es necesario que el imputado incurra en la posición de garante y se den los restantes requisitos del artículo 11 CP que aparezca recogida en el tipo delictivo que se le atribuye. Tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional  apoyan esta teoría (STS 455/2017, de 21 de junio).                                                                               Cónyuges: No puede fundarse la responsabilidad en la comisión por omisión del delito ya que los cónyuges no son garantes de que el otro no cometa el delito (STS 858/2016, de 14 de noviembre; STS 285/2014, de 8 de abril).                                                                                                              Relaciones contractuales entre autor y víctima: en los caso de estafa, la cuestión de cuando es exigible un comportamiento tendente a la evitación del error depende de cada caso, de acuerdo con las pautas sociales en la situación concreta y en función de las relaciones entre el sujeto activo y el perjudicado (STS 614/2016, de 8 de julio).

        

• La producción de un resultado: este elemento claro componente de la estructura de los delitos de comisión por omisión (u omisión impura), ya que los mismos son tipos de resultado material; es decir, es necesario que con la omisión se produzca un resultado concreto de lesión o peligro para un bien jurídico determinado. Los típicos ejemplos sería el de la madre que deja de alimentar a su hijo recién nacido, o el jefe de estación que no acciona la señal de parada del tren. La razón de que haya delito de omisión en este tipo de casos radica en que la omisión de la misma en la que desencadena el peligro concreto y real que hasta entonces estaba controlado por el sujeto activo. Pero cuando la omisión no crea peligro alguno para la vida, sino que se encuentra con un peligro que ya está ahí procedente de la acción de un tercero, tal omisión no supone la creación del riesgo, se trata de una omisión propia y no de comisión por omisión subsumible en el tipo de homicidio y equiparable en su desvalor a la causación del mismo (STS 682/2017, de 18 de octubre).                                                                                                                                                                                                                 
• La posibilidad de evitar el resultado: el intérprete de cada caso concreto habrá de evaluar si el sujeto obligado (y que no actuó) realmente podría haber evitado el resultado causado actuando. En los delitos de omisión solo debe requerir una causalidad hipotética, es decir la comprobación de si la realización de la acción omitida hubiera evitado la producción del resultado con una probabilidad rayana en la seguridad (STS 305/2017, de 27 abril; STS 17/2017, de 20 de enero).

 

Además de los referidos elementos del delito de omisión propia, es necesario tener en cuenta que existe la posibilidad de cometer los mismos a título de dolo o de imprudencia.

Sentencias como STS 1061/2009 de 26 de octubre, siguiendo a la STS  nº 716/2009 de 2 de julio, hacen mención a que la posición de garante viene definido por la relación entre un sujeto y un bien jurídico, haciéndose responsable de la indemnidad de dicho bien. 

En el caso de esta clase de delitos, el conocimiento del omitente se debe referir, también, a las circunstancias que fundamentan la obligación de impedir la producción del resultado (STS 950/97, de 27-6  Nº Cendoj 28079120011997103703 ).

Por otro lado la STS 85/2009 de 6 de febrero , es un ejemplo de dolo eventual en un homicidio. En este caso la acusada dejó a la víctima amordazada y atada de manos y pies, a pesar de que le hizo saber que era diabética y debía inyectarse, por lo que esa situación ponía en riesgo su vida. 

La comisión por omisión puede ser imputada tanto en el grado de la equivalencia con la autoría -con la autoría material y con la cooperación necesaria- como en el grado de la equivalencia con la complicidad.
Comisión por omisión en grado de autoría existirá cuando pueda formularse un juicio de certeza, o de probabilidad rayana en la misma, sobre la eficacia que habría tenido la acción omitida para la evitación del resultado. Comisión por omisión en grado de complicidad existirá, por su parte, cuando el mismo juicio asegure que la acción omitida habría dificultado de forma sensible la producción del resultado, lo que equivaldría a decir que la omisión ha facilitado la producción del resultado en una medida que se puede estimar apreciable (STS 482/2017, de 28 de junio).

El 11 Código Penal es el precepto en el cual se encuentra recogido el régimen jurídico de los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión; la doctrina ha calificado al mismo como uno de los modelos más perfeccionados que puedan encontrarse, debido a la claridad con la que se expone dicho régimen.

En relación con el referido precepto, cabe decir que han de cumplirse una serie de factores para poder hablar de la existencia de un delito de comisión por omisión. Dichos factores son los siguientes: el ámbito de actuación del mismo se limita a los delitos que consistan en la producción de un resultado; además, en virtud de su texto, se requiere que la no evitación del resultado equivalga a su causación para poder hablar de ?comisión por omisión?. Por otra parte, atendiendo al 11 Código Penal ha de concurrir una posición de deber del autor y cumplirse alguna de las condiciones recogidas por el inciso segundo del referido artículo.

Se ha debatido entre la doctrina si la enumeración contenida en el 11 Código Penal  permite o no incluir distintas fuentes del deber de actuar, a mayores de las señaladas; llegándose a la conclusión de que no debe admitirse tal inclusión de fuentes adicionales.

En relación con la creación de una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido, mediante una acción u omisión precedente, ello puede dar lugar a problemas concursales con la figura de la omisión propia del 195 Código Penal. 

Habeas data TC antecedentes penales.

 

El Tribunal en la referida sentencia TC/0027/13. En ella también establece que: […] ninguna […] persona, aun tratándose de un condenado a penas privativas de libertad, puede ser mantenido soportando de por vida el fardo de antecedentes penales destacados en registros de acceso público, lo que constituye un serio obstáculo para el ejercicio de importantes prerrogativas ciudadanas, en especial el derecho a no ser discriminado pudiendo, en determinados casos, generar daños irreparables.

Sin embargo, lo expresado en el párrafo anterior no implica que las entidades del Estado, responsables de la investigación de los crímenes y delitos, no puedan preservar un archivo de informaciones que le permita hacer consultas al momento de cumplir sus funciones.

___________________________________________________________________________________

Por consiguiente, debe quedar claro que la Policía Nacional no debe emitir informaciones a terceros ni a ninguna parte interesada ─con la excepción de las entidades u organismos previstos en el artículo 46 de la Resolución núm. 0057, antes citadas─, pues de lo contrario se incurría en una violación de los derechos fundamentales de su titular. 

No obstante, esas informaciones deberán estar al alcance de su titular, pues toda persona física o moral tiene derecho, aunque con ciertas limitantes, a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, como se desprende de las disposiciones del

Artículo 70 de la Constitución de la República y del artículo 10 de la Ley núm. 172-13, sobre Protección de Datos Personales . kk. Aunado a lo anterior se encuentra el derecho fundamental a la dignidad humana previsto en el artículo 38 constitucional en los términos siguientes: El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. 

Y es que, en la misma medida, también se ve afectado el derecho a la dignidad humana del señor Ramón María Pérez, ya que la situación fáctica se corresponde con la resuelta por el Tribunal en la referida sentencia TC/0027/13. En ella también establece que: […] ninguna […] persona, aun tratándose de un condenado a penas privativas de libertad, puede ser mantenido soportando de por vida el fardo de antecedentes penales destacados en registros de acceso público, lo que constituye un serio obstáculo para el ejercicio de importantes prerrogativas ciudadanas, en especial el derecho a no ser discriminado pudiendo, en determinados casos, generar daños irreparables. 

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/24775/tc-0492-20-tc-05-2018-0343.pdf

El test de razonabilidad.

A fin de establecer si cumple con los parámetros constitucionales exigidos por el artículo 40.15 de la Constitución de la República, en cuanto a la justicia y utilidad de la norma. En ese sentido, el instrumento convencionalmente más aceptado es el test de razonabilidad desarrollado por la jurisprudencia colombiana: “El test de razonabilidad sigue precisos pasos que le imprimen objetividad al análisis de constitucionalidad. Las jurisprudencias nacional, comparada e internacional desarrollan generalmente el test en tres pasos: 

1. el análisis del fin buscado por la medida, 

2. el análisis del medio empleado y 

3. el análisis de la relación entre el medio y el fin. 

Cada uno de estos pasos busca absolver diversas preguntas, según se trate de un test estricto, intermedio o leve (…)El test leve se limita a establecer la legitimidad del fin y de la medida, debiendo ésta última ser, además, adecuada para alcanzar el fin buscado. 

En consecuencia, la Corte se limita cuando el test es leve, por una parte, a determinar si el fin buscado y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos y, por otra, a establecer si el medio escogido es adecuado, esto es, es idóneo para alcanzar el fin propuesto. Este es, por así decirlo, el punto de partida o de arranque en el análisis de la razonabilidad (…)

De ahí que preguntarse qué se busca con una norma (análisis de la finalidad), cómo se va a lograr lo buscado (análisis del medio) y qué tan propicia es la medida para alcanzar lo buscado (análisis de la relación medio-fin), sean criterios elementales para determinar si la afectación de la igualdad, u otro derecho fundamental, es razonable y, por lo tanto, constitucional o arbitraria” (Sent. C-673/01 de fecha 28 de junio del 2001; Corte Constitucional de Colombia).

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7372/sentencia-tc-0044-12-c.pdf

--------------------------------------------------------------

A partir de la Sentencia TC/0044-12, del veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012), para determinar la razonabilidad de una norma legal, se recurre, acorde con en el derecho constitucional comparado, a someter la ley cuestionada a un test de razonabilidad, a fin de establecer si cumple con los parámetros constitucionales exigidos por el artículo 40.15 de la Constitución de laRepública, en cuanto a la justicia y utilidad de la norma. En tal sentido, el instrumento adoptado lo ha sido el test de razonabilidad aplicado por la jurisprudencia colombiana, que además instituyó el “test leve de razonabilidad”, el cual se limita a establecer la legitimidad del fin y de la medida, debiendo ésta última ser, además, adecuada para alcanzar el fin buscado.

 En consecuencia, la Corte se limita cuando el test es leve, por una parte, a determinar si el fin buscado y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos y, por otra, a establecer si el medio escogido es adecuado, esto es, es idóneo para alcanzar el fin propuesto. Este es, por así decirlo, el punto de partida o de arranque en el análisis de la razonabilidad (…) De ahí que preguntarse qué se busca con una norma (análisis de la finalidad), cómo se va a lograr lo buscado (análisis del medio) y qué tan propicia es la medida para alcanzar lo buscado (análisis de la relación medio-fin), sean criterios elementales para determinar si la afectación de la igualdad, u otro derecho fundamental, es razonable y, por lo tanto, constitucional o arbitraria (Sent. C-673/01 de fecha 28 de junio del 2001; Corte Constitucional de Colombia).” 10.8.4. En la Sentencia TC/0107/13, del veinte (20) de junio de dos mil trece (2013) (párrafo 8.3, página 8), se observan los casos en los cuales procede aplicar el test leve de razonabilidad, a juicio de este colegiado: 

El análisis de la razonabilidad de las normas impugnadas tendrá que decantarse por el test leve, ya que se puede constatar, prima facie, que la materia de reglamentación a la que se refieren las normas impugnadas entran dentro de las atribuciones constitucionales de la autoridad que las emitió. Además, con dichas normas no se afectan derechos fundamentales   de sus destinatarios, y tampoco se perturba el derecho constitucional de acceso a la justicia ni el debido proceso.

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/14105/tc-0722-17.pdf

---------------------------------------------

Sentencia que ordena eliminar el cobro de   80 pesos obligatorios a todos los usuarios para proteger las inversiones extranjeras (INDOTEL)

Aplicando el primer criterio de ese test de razonabilidad, esto es, el análisis del fin buscado, se puede inferir que las disposiciones de la Resolución núm. 080-09 tienen por objeto establecer un cargo único aplicable a todos los usuarios de los servicios de teléfonos y celulares, para que las prestadoras de servicios de telefonía recuperen las inversiones en capital fijo que estas han realizado para las adecuaciones de redes y sistemas para hacer operativo el servicio de portabilidad numérica, sin importar que los mismos opten o no por la utilización de ese servicio. De ahí que su objeto tan solo contempla los intereses de las empresas telefónicas cuando existe en la negociación otra parte: los usuarios del servicio, razón por la cual la medida adoptada, a pesar de que pone a cargo de los consumidores la referida cuota, lleva por finalidad recuperar las inversiones en capital fijo que las empresas 

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7585/sentencia-tc-0161-13-c.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/21679/tc-0005-20-tc-01-2017-0020.pdf

Garantía de quien es el propietario de un vehículo

i. Este tribunal constitucional, en materia de vehículos de motor, ha establecido en su Sentencia TC/0466/16, de dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016), lo siguiente: (…) ha sido jurisprudencia constante el criterio de que “sólo la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), es garantía de quien es el propietario de un vehículo”, (B. J. 1045.151; B. J. 1046.35), por lo que advertimos que, al tratarse sobre vehículos de motor, estos se encuentran sometidos a un régimen de registro y publicidad especial, a cargo del Departamento de Vehículos de Motor de la Dirección General de Impuestos Internos. 

j. Dicho precedente continúa expresando: El registro de vehículos de motor a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos, entidad facultada para la emisión de los certificados de propiedad, contendrá en adición a la marca, modelo, año, color, tipo, caballos de fuerza y otros datos concernientes a la descripción del vehículo, el nombre, dirección, número de identidad del propietario y cualquier información relativa a actos de enajenación, gravámenes, cargas o afectaciones a favor de terceros; por lo tanto, siendo dicha titularidad juris tantum,

 puede ser combatida mediante prueba en contrario y por tratarse de transferencia de vehículos, se materializa y es oponible a terceros cuando dicha transferencia o traspaso adquiere fecha cierta a través del registro del contrato en la Dirección de 

Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas, o cuando la Dirección General de Impuestos Internos emite la constancia de dicho traspaso y posteriormente el correspondiente certificado de propiedad de vehículo de motor a favor del nuevo propietario.

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/24736/tc-0460-20-tc-05-2019-0064.pdf

: La figura de la suspensión

 TC/0468/20: La figura de la suspensión de las decisiones recurridas no puede convertirse en una herramienta para impedir que los procesos judiciales lleguen a su conclusión. No hay daño irreparable. Rechaza. 

https://tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc046820/

interés legítimo

c. De hecho, esta ha sido la postura desarrollada por este Tribunal

Constitucional desde su sentencia TC/0047/12, del 3 de octubre de

2012, donde indicamos que una persona tiene interés legítimo y

jurídicamente protegido cuando ha demostrado que goza de sus

derechos de ciudadanía e invoca que la vigencia de la norma le causa

perjuicios2

; o, como se indicó en la sentencia TC/0057/18, del 22 de

marzo de 2018, que “una persona física o moral tendrá interés

legítimo y jurídicamente protegido cuando demuestre que la

permanencia en el ordenamiento jurídico de la norma cuestionada le

causa un perjuicio y, por el contrario, la declaratoria de

inconstitucionalidad le proporciona un beneficio”.

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/21738/tc-0037-20-tc-01-2019-0014.pdf

 

Inconstitucionalidad del artículo 132 de la ley 15-19

 

d) Es decir, que por un lado se plantea la posibilidad de alianza y

por el otro se niega; en todo caso, no solo por contradictorio, sino

también por violatorio a la Constitución debe ser declarado no

conforme con la misma.

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/21738/tc-0037-20-tc-01-2019-0014.pdf

El amparo no puede resolver cuestiones de legalidad

 Ya este mismo tribunal constitucional manifestó, en la Sentencia TC/0017/13, que “la naturaleza del recurso de amparo impide suscitar ante un órgano constitucional cuestiones de legalidad ordinaria, cuya interpretación no es función de este Tribunal”6 . r. Más recientemente, el Tribunal tuvo la oportunidad –en un caso en el cual se solicitaba la exclusión de una prueba en ocasión de un proceso penal– de afirmar que ese asunto correspondía: Ser discutido por ante los tribunales ordinarios. Dichos tribunales podrán determinar el momento de obtención de las pruebas y,

particularmente, la legalidad de las mismas y su uso. En caso de que dicho tribunal determine la ilegalidad de la obtención de las mismas, podrá ordenar su exclusión del eventual proceso. Finalmente, una de las causas de inadmisibilidad (…) es que la petición de amparo resulte notoriamente improcedente, lo cual resulta, entre otros casos, cuando se pretende resolver por la vía del amparo asuntos que han sido designados a la vía ordinaria7 . 

. Dicho criterio fue reiterado en la Sentencia TC/0035/14, en la cual afirmó: Habiendo examinado los hechos concernientes al presente caso, el Tribunal Constitucional es de opinión que es a la jurisdicción ordinaria que le corresponde dirimir este conflicto, ya que el mismo revela elementos fácticos y de legalidad ordinaria que impiden que la jurisdicción de amparo, por su propia naturaleza sumaria, sea la correspondiente para conocer de un asunto de esta índole.

De manera categórica, el Tribunal dejó claro en la Sentencia TC/0074/14, que: Tratándose de un asunto que se encuentra ante la jurisdicción ordinaria en materia penal, y donde se ha emitido la Sentencia núm. (…), que condeno al recurrente a veinte (20) años de reclusión mayor, accionar en amparo para obtener los mismos fines resulta notoriamente improcedente; máxime cuando cualquier violación que se haya cometido en el proceso puede ser reclamada y subsanada mediante los recursos, ante las jurisdicciones de alzada. 

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/8057/tc-0364_14.pdf

Interpretacion de La Constitución y los derechos fundamentales

 La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada, en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales.

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/8057/tc-0364_14.pdf

El principio de irretroactividad de la ley y la seguridad juridica

El principio de irretroactividad protege la seguridad jurídica, al impedir que una nueva ley pueda modificar situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su promulgación y amparadas en los principios y lineamientos contenidos en lalegislación precedente. 

Las leyes han de aplicarse en forma inmediata y hacia el futuro, afectando tanto a los hechos acaecidos durante su vigencia como a aquellos que, iniciados bajo el imperio de la ley anterior, se consuman efectivamente con posterioridad a su derogatoria. 

La entrada en vigencia de una nueva ley tiene una indiscutible relación con el tiempo, que en algunas ocasiones debe ser graduada por el legislador para establecer concretamente a qué se le dará efecto

 retroactivo y hasta dónde se produce el alcance de dicha retroacción, cuyos efectos y formas de aplicación dan origen a lo que la doctrina ha denominado “conflictos de leyes en el tiempo”

El principio de irretroactividad de la ley tiene una función determinante dentro de un sistema jurídico. Por ello está plasmado dentro de las garantías constitucionales que soportan la seguridad jurídica indispensable para la supervivencia de la sociedad. 

 Precisamente, una de las teorías que explica el problema de la irretroactividad de la ley es la de “los derechos adquiridos” o “situación jurídica consolidada” a la luz de la legislación.

 Esta garantía se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener como consecuencia sustraer el bien o el derecho de la persona que se encuentra en el supuesto previsto en la norma derogada o modificada, pues de no serlo, la nueva ley estaría rigiendo situaciones jurídicas antes de su existencia material. 

Cabe resaltar que una ley se considera con efecto retroactivo cuando viola o desconoce derechos adquiridos conforme a una ley anterior y se hace la distinción de que no lo será si tal desconocimiento sólo es de expectativas de derecho. 

En consecuencia, los derechos adquiridos serán aquellos que entran y pasan a formar parte de la esfera del destinatario de la norma y, por tanto, no pueden ya ser eliminados.  

En relación con el principio de irretroactividad, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Sala de Casación Civil, Sentencia núm. 438, del veinte (20) de diciembre de dos mil uno (2001), puntualizó que: (...) el problema de la retroactividad entraña 

tres cuestiones claramente diferenciables, que son, a la vez, los tres requisitos esenciales de toda aplicación de la ley que no incurra en vicio de retroactividad: 

1º) La ley no debe afectar a la existencia de cualesquiera supuestos de hecho (hechos, actos o negocios jurídicos) anteriores a su vigencia, es decir, la nueva ley no debe valorar hechos anteriores a su entrada en vigor. 

2º) La ley no debe afectar los efectos anteriores a su vigencia de cualesquiera de los supuestos de hecho. 

3º) La ley no debe afectar a los efectos posteriores a su vigencia de los supuestos de hecho verificados con anterioridad a ella (...)”. 

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/8710/sentencia-tc-0609-15.pdf

_________________________________________

En efecto, la Constitución que rige dispone en su Art. 110 lo siguiente: “Irretroactividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. 

En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior” 

 Tal y como se desprende del texto constitucional transcrito, el principio de irretroactividad es la máxima expresión de la seguridad jurídica, el cual cede en casos excepcionales por la aplicación retroactiva o ultractiva de disposición de similar estirpe más favorable para el titular del derecho.

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7343/sentencia-tc-0013-12-c.pdf

Los derechos de las uniones de hechos (concubinato).

 l) La Suprema Corte de Justicia de nuestro país, en una importante sentencia dictada el 17 de octubre de 2001 (que este Tribunal Constitucional estima conforme a la Constitución) dictaminó que la unión consensual: “(…) se considera prevista, considerada o aceptada por el legislador en el ordenamiento legal como una modalidad familiar, criterio que debe ser admitido, en los casos como el de la especie, siempre y cuando esa unión se encuentre revestida de las características siguientes:

 a) una convivencia “more uxorio”, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas;

 b) ausencia de formalidad legal de la unión; 

c) una comunidad de vida familiar estable y 

duradera, con profundos lazos de afectividad; 

d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de los dos iguales o nexos formales de matrimonio con otros terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas,

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7342/sentencia-tc-0012-12-c.pdf

Colision de derechos TC

“Según las peculiaridades de cada caso y sobre el supuesto de lo que se verifique y pruebe en el proceso, el juez ha de evaluar la real existencia de la colisión, buscando, en principio, hacer compatibles todos los derechos en juego. Si la compatibilidad no puede alcanzarse, por razón de las características del conflicto, debe prevalecer el derecho más próximo a la dignidad del ser humano, según lo ha expuesto la jurisprudencia (Cfr. Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-414 del 16 de junio de 1992. M.P: Dr. Ciro Angarita Barón), procurando, desde luego, que el derecho no preponderante resulte afectado únicamente en la medida necesaria para no sacrificar el prevaleciente. (…) 

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/15874/sentencia-tc-0011-12-c.pdf

 Cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada, en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales.

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/8057/tc-0364_14.pdf

Presunción de inocencia y la retención legítima de arma de fuego.

 

 El Tribunal Constitucional estima que la referida revocación es injustificada porque desconoce el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, en perjuicio del recurrido, 

señor José Alfredo Montás Villavicencio, y en este sentido ordenará que se restablezca la vigencia de la licencia revocada, hasta que se dicte sentencia definitiva e irrevocable en relación a la denuncia por violencia intrafamiliar

Sin embargo, el hecho cierto e innegable de los preocupantes índices de violencia intrafamiliar y de uxoricidios (muerte causada a la mujer por su marido) de que adolece la sociedad dominicana justifica que, ante una denuncia o querella,

 el Ministerio de Interior y Policía o el Ministerio Público incaute cualquier arma de fuego que posea un imputado hasta que sea dictada una sentencia con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, ya que de no tomarse esta decisión se-

deja abierta la posibilidad de que la esposa denunciante o querellante pierda la vida, como ha ocurrido en otros casos. En caso de probarse la imputación, la incautación devendrá definitiva, y, en la hipótesis contraria, el arma de fuego deberá ser devuelta.

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7340/sentencia-tc-0010-12-c.pdf

TC/0010/12

Las limitaciones de edad para el ejercicio de determinadas funciones pública.

 

Oportuno es señalar que las limitaciones de edad para el ejercicio de determinadas funciones públicas, impuestas por el legislador ordinario, no constituyen ningún tipo de discriminación, puesto que se trata de exigencias mínimas requeridas para desempeñar cualquier cargo u oficio. 

 El legislador tiene la facultad, con el propósito de garantizar condiciones mínimas de capacidad y aptitud, de establecer los límites que sean necesarios para el ejercicio de funciones públicas de fundamental trascendencia en la vida social, política y económica del país.

Conforme al criterio de la Corte Constitucional colombiana, los argumentos contra la fijación de edad como condición de acceso a los cargos o de retiro “pueden ser de conveniencia pero no de constitucionalidad”, pudiendo el legislador fijar dicha condición “pues una Constitución no puede prever todos los asuntos susceptibles de ser regulados”. Y, en ese mismo sentido, señala que no hay discriminación puesto que “deben brindarse oportunidades laborales a otras personas, que tienen derecho a relevar a quienes ya han cumplido una etapa en la vida”, pues “los cargos públicos no pueden ser desarrollados a perpetuidad” (Sentencia No. C-351/95)

El máximo tribunal colombiano apunta que tampoco es discriminatorio lo relativo a la edad porque “sería totalmente absurdo que, bajo el argumento de una

vocación ilimitada hacia cualquier cargo público, se dijera que es inconstitucional cualquier requisito que determine condiciones y limitaciones para el desempeño de ese cargo” (Sentencia No. C-351/95). 7.6. Entre nosotros abundan leyes que condicionan o limitan el ejercicio de ciertos derechos a la edad y no por ello son necesariamente inconstitucionales.

Es el caso, por ejemplo, del retiro obligatorio en la Policía Nacional que debe ser para los Oficiales Generales a los sesenta (60) años, para los Coroneles cincuenta y cinco (55), Tenientes Coroneles cincuenta y dos (52), y así sucesivamente. En el caso de la Seguridad Social se establece “que se adquiere derecho a una pensión por vejez cuando el afiliado acredite: tener edad de sesenta (60) años y haber cotizado durante un mínimo de trescientos sesenta (360) meses o haber cumplido cincuenta y cinco (55) años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior al cincuenta por ciento (50%) de la pensión mínima”. 

7.7. Finalmente, el artículo 205 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, al disponer que el retiro puede ser voluntario o forzoso, apunta una edad máxima en el servicio activo de cuarenta (40) años, lo que refuerza el criterio antes indicado de que las limitaciones por edad son adoptadas por el legislador tomando en consideración circunstancias y conveniencias particulares que en modo alguno pueden considerarse como discriminatorias. En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional, 

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7374/sentencia-tc-0047-12-c.pdf

La oficiosidad de los jueces en el control constitucional

 No obstante esto, este tribunal considera que, al igual que el precedente de la Sentencia TC/0064/14, en la especie se evidencia una situación que fundamenta y le faculta a recalificar el recurso de casación presentado en un recurso de revisión de amparo, de conformidad con la Ley núm. 137-11.

Esta “recalificación” estaría basada, por un lado, en el principio de oficiosidad previsto en el artículo 7.11 de la Ley núm. 137-11, que establece:

 Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, 1as medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de 1os derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o 1as hayan utilizado erróneamente. 

 Por otro lado, se aplicaría el principio de efectividad, dentro del cual se encuentra la tutela judicial diferenciada, de conformidad con el artículo 7.4 de la referida ley núm. 137-11, que afirma: 

Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/8057/tc-0364_14.pdf

Los conceptos de ‘derecho adquirido’ y ‘situación jurídica consolidada’

 Los conceptos de ‘derecho adquirido’ y ‘situación jurídica consolidada’ aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente–ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. 

Por su parte, la ‘situación jurídica consolidada’ representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún... En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surta la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada.

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/8057/tc-0364_14.pdf

seguridad jurídica y la estabilidad del orden constituciona

 Ningún poder público puede alterar situaciones consolidadas o establecidas, esto en consonancia con el art.110 de la Constitución. Permitir acceder nuevamente a vías recursivas agotadas violentaria la seguridad jurídica y la estabilidad del orden constitucional. (TC/0406/18)

Observaciones al nuevo Codigo Penal

No penaliza las infraciones cuando las perturbaciones o trastornos se han provocado por el mismo infractor de manera  neligente.  ( ejemplo la embriaguez).

Artículo 15. Excepción de imputación penal

 Párrafo. Si la perturbación síquica o el trastorno mental afecta de manera parcial a la persona que comete la infracción, el tribunal tomará en cuenta esta situación al momento de imponer la pena que le corresponda. La perturbación síquica o el trastorno mental transitorio no eximirá de pena si dicha perturbación o trastorno ha sido provocado por el mismo culpable para la comisión de la infracción.

El error invencible y el vencible rine con el  ( Artículo 109.- Entrada en vigencia de las leyes. Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que la ley determine y se les dará la más amplia difusión posible. Serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen conocidas en todo el territorio nacional.

Artículo 18. No imputación por error invencible bajo creencia de conformidad legal. No se podrá imputar una acción u omisión incriminada a quien por error de prohibición o de derecho invencible ha creído que actuaba conforme a la ley. Párrafo. El error vencible de prohibición será sancionado con una pena atenuada, según los artículos 60 y 61 de este código. 

Las setencias extranjeras contaran como reincidencia y agravaran la pena

Artículo 55. Reincidencia. Hay reincidencia cuando una persona condenada por sentencia irrevocable de un tribunal nacional o extranjero comete una nueva infracción grave o menos grave. 

La seguridad jurídica

 La seguridad jurídica es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza, o arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios. (TC/0100/13 y TC/0698/18)

Tipos de violencia de género

 

Tipos de violencia de género

Tal y como se ha indicado anteriormente, el concepto de violencia de género incluye una amplia variedad de actitudes y actuaciones que pueden dañar a la persona desde diferentes dimensiones. A fin de cuentas, existen muchas maneras de dañar a una persona.

Si bien no en todos los casos se agrede a la persona desde todos los ámbitos, dentro de la violencia de género podemos encontrar los siguientes tipos de violencia.

1. Violencia física

La más visible y reconocida como violencia de género, se considera violencia física todo aquel acto en que se inflige un daño físico a la víctima que a través de la agresión directa. Dicho daño puede ser temporal o permanente.

Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas, fracturas, arañazos. Si bien en ocasiones se pueden llegar a trivializar o considerar que pueden producirse durante una discusión, empujones y zarandeos también entran dentro de la categoría de violencia física. Se pueden producir una incapacitación física debido a las consecuencias de las agresiones, e incluso según el nivel de daños causados puede llevar a la muerte.

2. Violencia psicológica

Este tipo de violencia se caracteriza porque, si bien a nivel físico puede no existir una agresión, la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo y realizado activamente en forma de insultos y vejaciones o bien llevado a cabo de un modo más pasivo, desvalorizando a la pareja sin que ésta considere que está sufriendo un ataque.

La violencia psicológica incluye la presencia de humillaciones, amenazas y coacciones (utilizándose en algunos casos la amenaza de agresión física a la víctima o a allegados), desprecio y desvalorización. También hacer que la persona se sienta indefensa, obligada a hacer determinadas acciones y dependiente del agresor, culpable de la situación de abuso y merecedora de un castigo.

Debido a que en muchas ocasiones no se percibe una agresividad directa en el mensaje, muchas víctimas no son conscientes de estar siendo maltratadas y no emprenden acciones contra el agresor. Se puede considerar que prácticamente en todos los casos de violencia de género, independientemente del tipo y motivo de ésta, hay violencia de tipo psicológico.

• Artículo relacionado: "Perfil del maltratador psicológico: 21 rasgos en común"

3. Violencia sexual

Si bien de algún modo podría considerarse dentro de la violencia física, la violencia sexual se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona.

No es necesario que exista penetración ni que se produzca el acto sexual. Incluye la presencia de violaciones dentro de la pareja, la prostitución forzada, forzar la concepción o el aborto, mutilaciones genitales, acoso sexual o tocamientos indeseados entre otros.

• Te puede interesar: "Perfil psicológico del violador: 12 rasgos y actitudes en común"

4. Violencia económica

Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja o su prole como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. También se considera como tal el hecho de obligar a depender económicamente del agresor, impidiendo el acceso de la víctima al mercado laboral mediante amenaza, coacción o restricción física.

5. Violencia patrimonial

Se considera violencia patrimonial la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con intención de dominarla o producirle un daño psicológico. En muchos sentidos, estos bienes son el fruto de décadas de trabajo, y destruirlos es una manera de hacer ver que todos esos esfuerzos no han servido de nada. Sin embargo, hay que señalar que este tipo de agresiones pueden afectar a la vez a otras personas, especialmente a los vecinos.

6. Violencia social

La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se separa a la víctima de familia y amigos, privándola de apoyo social y alejándola de su entorno habitual. En ocasiones se pone a la víctima en contra de su entorno, produciendo que o víctima o entorno decidan desvincularse.

Por ejemplo, los ataques contra la fachada del hogar son muy característicos de este tipo de violencia, ya que permiten dejar signos visibles por todo el mundo de que la víctima merece ser atacada a la vista de todos.

7. Violencia vicaria

Un gran número de parejas en las que se produce violencia de género tienen hijos. En muchas ocasiones el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos con el propósito de dañar a su pareja o ex-pareja.

Este tipo de violencia es denominada violencia vicaria, que también incluye el daño causado a los menores por la observación de malos tratos entre los progenitores. El impacto psicológico es lo que se busca, a través del control, el sometimiento y las agresiones a personas que no están directamente involucradas en el núcleo del conflicto.

Cuidado: la violencia de género no es solo en la pareja

Cuando pensamos en violencia de género en lo primero que pensamos es la existencia de malos tratos en situaciones de pareja. Pero la violencia de género no es específica del ámbito de la pareja, sino que puede darse en múltiples ámbitos sin necesidad de que quien la lleve a cabo sea un cónyuge. Las instituciones, la familia y la sociedad en general también pueden ser lugares donde aparezcan situaciones de violencia de género como las anteriores.

Es necesario trabajar de cara a prevenir y concienciar a la ciudadanía, educando en diferentes aspectos como la tolerancia a la diversidad, la igualdad de derechos y oportunidades y la educación emocional de cara a evitar nuevas situaciones de violencia de género.

Referencias bibliográficas:

• Durán, M. (2004). Análisis jurídico-feminista de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Artículo 14. Una perspectiva de género. Boletín de Información y Análisis Jurídico. Instituto Andaluz de la Mujer.

• Kilmartin, C; Allison, J. A. (2007). Men's Violence Against Women: Theory, Research, and Activism. Routledge.

• Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 28 de diciembre de 2004, BOE de 29 de diciembre de 2004.

• Lorente, M. (2001). Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer: realidades y mitos. Ares y Mares, Editorial Crítica, Madrid.

• Pérez, J.M.; Montalvo, A. (2010). Violencia de género: análisis y aproximación a sus causas y consecuencias. Violencia de género: prevención, detección y atención. Editorial Grupo.

TÓPICOS

 

• VIOLENCIA
• SOCIEDAD
• GÉNERO
• SEXISMO